EL PODER EJECUTIVO

Antes de entrar de lleno en el establecimiento del significado de poder ejecutivo, se hace necesario proceder a determinar el origen etimológico de las dos palabras que lo conforman:

-Poder emana del latín vulgar “posere”.

-Ejecutivo deriva del latín “exsequitus”, que puede traducirse como “relativo a continuar hasta el final”. Se encuentra conformado por tres partes diferenciadas: el prefijo “ex-”, que es sinónimo de “hacia fuera”; el verbo “sequi”, que significa “seguir”, y el sufijo “-tivo”, que viene a indicar lo que es una relación activa.

Un Estado dispone de tres facultades esenciales: legislar, administrar justicia y ejecutar las políticas públicas. Por eso se dice que el Estado puede dividirse en tres poderes que son ejercidos por diversas instituciones y organismos: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo.

En esta oportunidad nos centraremos en el poder ejecutivo, cuya función es garantizar el cumplimiento de las leyes desarrolladas a través del poder legislativo y administradas de acuerdo al poder judicial. El poder ejecutivo, en otras palabras, está vinculado a la gestión del funcionamiento estatal en el día a día.

Cuando el concepto refiere a la facultad estatal en general, se escribe con minúsculas iniciales (poder ejecutivo). En cambio, si la noción menciona al órgano estatal que ejerce dicho poder, se deben incluir mayúsculas al inicio de cada palabra (Poder Ejecutivo).

El poder ejecutivo de un Estado democrático recae en funcionarios elegidos a través del voto popular. Las elecciones permiten que la población elija a las personas que actuarán como sus representantes en la toma de decisiones que conciernen a la sociedad en general.

De acuerdo al sistema en cuestión, el poder ejecutivo es encabezado por un presidente, un jefe de Gobierno o un primer ministro. Este mandatario suele tener la facultad de elegir a sus ministros y secretarios, que actúan en un ámbito determinado (encargándose de lo que concierne a la economía, la salud, el turismo, etc.).

Es importante saber que el citado poder ejecutivo a su vez se puede dividir en tres, según la función que realiza:

-Función reglamentarista, que es el conjunto de tareas que se desarrollan a través de lo que son decretos y normas.

-Función política, que es la que realiza con el claro objetivo de conseguir que los ciudadanos puedan ver satisfechos sus intereses de la mejor manera posible. De ahí que suponga tener que tomar medidas que surgen y que no están desarrolladas por leyes o normas previas. En concreto, en este apartado se pueden incluir desde acometer intercambios comerciales con otros países hasta nombrar ministros.

-Función administrativa. Bajo esta denominación se incluyen todas las labores que se desarrollan tanto desde los distintos ministerios como desde el resto de órganos, tales como empresas del estado. Asimismo también alberga a las tareas realizadas en gobernaciones, delegaciones, secretarías de estado o intendencias.

Es importante resaltar que el funcionamiento del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial es interdependiente: un poder no puede pasar por encima de otro. El funcionamiento coordinado de los tres poderes está establecido por la Constitución de cada Estado.